Los Alcarrizos.- Decenas de personas ingresaron ayer a la Parroquia San Antonio de Padua, en este municipio, en reclamo de que se les devuelva sus viviendas tras ser desalojados “arbitrariamente” del sector Villa Varia en Manoguayabo.

Las personas entraron a la Iglesia pasadas las siete de la mañana pidiendo de que se les devuelva sus respectivas viviendas de donde fueron desalojados el pasado sábado 11 de mayo del presente año.

Los moradores reconocieron que los terrenos que habitaban desde hace al menos diez años, son propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Asimismo, aclaran que varias familias habían actuado como compradores de buena fe frente a supuestos “propietarios” de los terrenos y que ahora se encuentran durmiendo en la calle.

Un feligrés informó que las personas llegaron a la iglesia sin avisar y entraron como si fueran a escuchar la misa, por lo que los miembros comité administrativo de la Iglesia Beato P. Bronislao Markiewicz, que pertenece a la parroquia San Antonio de Padua se vieron en la obligación de explicarles que no podían mantener a todas esas personas dentro de la iglesia y que el inconveniente no está relacionado ni con la comunidad ni con la parroquia, además de que no tienen forma de ofréceles un hogar.

Asimismo, el párroco aclaró que acompañará a los desalojados en su lucha para que esta situación se resuelva por las vías legales correspondientes.

Rafael Hernández, alias leñita, líder comunitario, exigió que esclarezca la situación ya que se les obligo a salir de sus hogares sin haberles notificado sobre el desalojo y sin llevar una base legal que lo avale.

Junior Santos, alcalde de los Alcarrizos explicó que ese terreno no pertenece a su jurisdicción sino a la de Santo Domingo Oeste, pero que pese a esto se solidariza con los desalojados y enviará cartas a las oficinas correspondientes para que se esclarezca el caso.



Añadió que como autoridad no puede abandonar a los desalojados y que cree que los habitantes compraron de buena de a personas que ya vivían en el lugar y que quienes les vendieron los terrenos son los verdaderos responsables de haber invadido el entorno.

Santos aclaró que el Estado tiene el deber de investigar el caso a fondo para así determinar quiénes son en realidad los afectados y quiénes son propietarios de buena fe de las parcelas. Dijo que se contactará con su homólogo Francisco Peña para que contribuya a la solución de este caso ya que este pertenece a su jurisdicción.

Criticó que el abogado encargado del caso no estuvo presente durante el llamado de atención que los desalojados hicieron en la Parroquia. De igual modo, pidió a la gente que se organizará mediante documentos firmados por todos los afectados para así nombrar una comisión que se dedique a defender sus derechos y a buscar la vía más factible para solucionar dicha situación.

“Actuó con solidaridad hacia estas personas ya que ni siquiera tengo jurisdicción en la zona afectada”, añadió

Evitarán actos violentos

Coralia Caraballo Representante del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, dijo que la entidad tratará de evitar que las personas desalojadas cometan actos violentos y a la vez que buscarán las vías necesarias para que se les respeten sus derechos.

José Antonio Salvador, desalojado, dijo que varias familias estaban pagando su terreno en el sector, reconoce que la parcela le pertenece al CEA y que explica que varias familias se encontraban en proceso de regularización de título frente a dicha entidad. Añadió que los moradores ya habían ganado 9 audiencias sobre este caso y que en el desalojo un señor murió y dos mujeres en estado de gestación perdieron sus embarazos.

Los ocupantes dijeron que la destrucción de casas y casuchas la encabezó un coronel de apellido Aquino y que supuestamente, este obedece órdenes de una persona influyente de apellido Paredes.

“Hasta los animales tienen derecho a vivir, no tenían porque desalojarnos de esa forma” exclama con expresiones de dolor Dominga Montero quien ahora se ve en la necesidad de vivir en una vivienda prestada.

Los residentes expresaron que estaban dispuestos a negociar con el Estado si les hubieran dado la oportunidad y que no comprenden porque no se les notificó días antes del desalojo en vez de llevarlo a cabo con arbitrariedad y en horas de la madrugada.


Por Alexa Olivero
24 de junio 2019